La minera Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, deberá mantener el pago de una multa por 18.4 millones de pesos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara revisar el recurso promovido por la compañía para intentar revertir la sanción por violaciones a la normativa ambiental.
El fallo del máximo tribunal, emitido el 19 de noviembre, consideró que el caso no reunía las condiciones de interés jurídico excepcional ni contenía un planteamiento constitucional novedoso que ameritara su análisis. De esta manera, la sanción quedó firme y se cerró la posibilidad de presentar otro recurso contra esa resolución.
La multa fue aplicada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 31 de julio de 2024, tras detectar diversas anomalías durante inspecciones a las instalaciones de la empresa, ubicadas en Cananea, Sonora.
Uno de los principales incumplimientos fue el exceso en los volúmenes de producción autorizados. Durante 2022, Buenavista del Cobre reportó 613 mil 218 toneladas métricas secas de concentrado mixto de cobre y molibdeno, cuando su límite anual era de 540 mil toneladas.
A esta irregularidad se sumó el rebase del máximo diario permitido de mil 500 toneladas durante 15 días de mayo de 2023. Las autoridades también documentaron niveles de ruido superiores a los establecidos y modificaciones en instalaciones y equipos que no estaban incluidos en la licencia ambiental expedida por la Semarnat en 2017.
La revisión encontró equipos como depósitos de diésel, ácido sulfúrico, electrolito y ferrocianuro, además de una chimenea, cuya operación o modificación no estaba contemplada en la autorización correspondiente. Como parte de las medidas impuestas se ordenaron sanciones económicas, clausuras temporales y acciones correctivas.
Antes de llegar a la SCJN, la empresa ya había recibido resoluciones desfavorables del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que confirmó la multa el 5 de marzo de 2025, y del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
El caso vuelve a colocar bajo atención a la minera, que también estuvo involucrada en el derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de solución acidulada de sulfato de cobre ocurrido en agosto de 2014, con afectaciones al arroyo Tinajas y a los ríos Bacanuchi y Sonora.
Aquel episodio fue considerado uno de los desastres ambientales más graves de la década y derivó en sanciones de Profepa y en la orden de crear un fideicomiso para atender los daños. Ahora, con el fallo de la Suprema Corte, queda firme la multa correspondiente a las irregularidades detectadas en 2022 y 2023.










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