Falta de aplicación de la ley
A pesar de que la violencia vicaria ya es reconocida legalmente, muchas autoridades no aplican la ley, dejando a las madres sin protección y a los hijos en riesgo. Casos como el de Daniela Flores muestran cómo el sistema judicial puede ignorar la gravedad del delito, prolongando el sufrimiento de las víctimas.
Justicia sin perspectiva de género
Abundan jueces y abogados que desconocen la perspectiva de género. Esto impide que se comprendan las dinámicas de violencia que afectan tanto a la madre como al menor, y limita la efectividad de las medidas de protección.
Apatía en la justicia
La lentitud de los procesos judiciales se debe, en gran parte, a la apatía de ministerios públicos y jueces. Flores relató cómo audiencias se retrasaron meses e incluso años, mientras los agresores encontraban formas de obstaculizar el proceso.
Corrupción
Algunos abogados corruptos se aprovechan de la desesperación de las madres. Cobran grandes sumas de dinero sin garantizar resultados y muchas veces no tienen la preparación necesaria para enfrentar casos de violencia vicaria.
Costo para las madres
El acceso a la justicia tiene un alto costo económico. Para pagar abogados y enfrentar los procesos, muchas mujeres deben vender casas, autos, muebles y otros bienes, poniendo en riesgo su estabilidad financiera mientras luchan por recuperar a sus hijos.
Este recuento expone las barreras que enfrentan las madres víctimas de violencia vicaria en México y subraya la urgencia de reforzar la capacitación, ética y sensibilidad de las autoridades y abogados para garantizar justicia efectiva.
