Claudia Sheinbaum elevó la presión sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) al acusar a Guadalupe Taddei de haber “traicionado la confianza del pueblo de México” y pedir una auditoría exhaustiva para esclarecer posibles irregularidades en la contratación de materiales electorales.
En su conferencia matutina de este 29 de octubre, la presidenta pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar contratos, licitaciones y posibles conflictos de interés, sin limitar la revisión al periodo de Taddei, sino extendiéndola a administraciones anteriores, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova.
La mandataria cuestionó la concentración de contratos en unas cuantas empresas intermediarias, a las que señaló de operar durante más de dos décadas como una especie de duopolio. También solicitó revisar si esos proveedores participan en organismos públicos locales electorales y si existen indicios de colusión o triangulación de recursos.
Sheinbaum sostuvo que no habrá protección para nadie si se comprueban actos de corrupción. Por ello, demandó que los resultados de las auditorías sean públicos y que cualquier posible delito se denuncie ante las autoridades competentes.
Sobre Taddei, aclaró que haber reducido su salario no la exime de responsabilidades y rechazó las versiones de que su llegada al INE haya sido impulsada por Morena o por López Obrador. Recordó que su designación ocurrió en 2023 mediante un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados.
El pronunciamiento ocurre después de la salida de Taddei de la presidencia del organismo electoral, en medio de reportes sobre presuntos vínculos con proveedores, entre ellos José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con empresas como Cajas Graf y Corporativo Zeg, además de posibles conflictos de interés que involucran a colaboradores y familiares.
La ASF ya abrió una investigación de oficio por posibles anomalías en el uso de recursos públicos. En paralelo, Sheinbaum ha planteado que Talleres Gráficos de México produzca la mayor parte de los materiales electorales para disminuir la participación de intermediarios.
El caso continúa bajo investigación y las posibles responsabilidades deberán determinarse a partir de los resultados de las auditorías y las indagatorias correspondientes.











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