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La columna de Fernando Manzanilla

Parecería un cliché el decir que Puebla ya no es la misma de antes, sin embargo, hoy más que nunca es una afirmación que podemos corroborar en la realidad. Para nadie es un secreto que, desafortunadamente, la ciudad dejó de ser un lugar tranquilo y ahora la gente no se siente segura.

No hay día que no haya un hecho criminal que empañe la dinámica social. Si no son asaltos, hay balaceras, asesinatos, hallazgos de cuerpos o muchos otros lamentables sucesos que lastiman el día a día de la sociedad.

Esto se proyecta en las estadísticas y los números no mienten. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, hace tan sólo un poco más de un mes, en marzo, 72.3 por ciento de los habitantes de la capital poblana la consideraron como un lugar inseguro para vivir; incluso, más de la mitad de la población manifestó haber cambiado rutinas por temor a sufrir algún delito.

Y es que estos resultados, además de proyectarnos la relevancia de un problema latente, nos hablan del crecimiento del mismo, ya que con relación a los datos 2023 la percepción de inseguridad ciudadana aumentó casi dos puntos porcentuales, ya que se ubicaba en 70.4 por ciento.

Este panorama tan desolador refleja que las acciones emprendidas hasta este momento son insuficientes y requieren una propuesta que considere el problema de manera integral. 

En ello coincido plenamente con la presentada por Eduardo Guerrero y publicada en la Revista Nexos, referente a la necesidad de negociar un tratado de seguridad con Estados Unidos y Canadá o como él lo llamó, formular un Tratado de Seguridad para América del Norte (TSAN).

Los principales objetivos de esta propuesta, son al menos tres: Primero, profundizar la colaboración y la cooperación con Estados Unidos y Canadá para fortalecer la seguridad regional, ante los grandes desafíos del crimen trasnacional que afectan la seguridad (al interior y al exterior) de los tres países; es el caso del tráfico ilegal de drogas, entre otros. 

Segundo, avanzar en México, con el apoyo de Estados Unidos y Canadá, en la profesionalización de sus fuerzas policiales y militares, así como de sus agencias de inteligencia e investigación criminal y, conforme se registren tales avances, crear “grupos operativos” (task forces) de alto rendimiento y con acceso a información de inteligencia, tecnología y armamento de punta para combatir eficazmente amenazas y riesgos del crimen de alta escala. 

Y tercero, una vez que México avance en los primeros dos objetivos, el TSAN debe enfocarse en reducir significativa y progresivamente los daños del crimen al bienestar de la población, su sistema electoral, su infraestructura crítica (sobre todo en materia de agua y energía) y, con ello, su potencial económico.

Considero que en este mismo sentido se tendría que trabajar una propuesta para Puebla. En cuanto a la profundización de la colaboración, lo primero que se tendría que hacer sería el emprender una estrategia de fortalecimiento regional, para establecer un mecanismo de coordinación metropolitana para intercambiar información de inteligencia, estrategias y recursos con el fin de abordar de manera conjunta los desafíos del crimen.

En este mismo sentido se tendría que impulsar la creación de una red de vigilancia compartida, utilizando tecnologías de punta como cámaras de reconocimiento facial, drones y sensores, para monitorear de manera más efectiva el flujo de personas, vehículos y mercancías.

Respecto a la profesionalización de las fuerzas policiales se deberá apostar a promover programas de capacitación conjunta entre las fuerzas de seguridad de la región, con énfasis en técnicas de investigación criminal, inteligencia y operaciones tácticas, para mejorar la eficiencia de las instituciones encargadas de combatir el crimen. 

Pero, además, se deberán de adoptar estándares internacionales de profesionalización y ética en el desempeño de las fuerzas de seguridad, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en todas las operaciones.

Una vez alcanzados ciertos niveles de profesionalización y capacidad técnica, se deberán establecer grupos operativos especializados, conformados por miembros seleccionados y entrenados de manera rigurosa, con acceso a información de inteligencia, tecnología y armamento de última generación para enfrentar de manera eficaz amenazas del crimen de alta escala.

Con relación al último eje sobre reducir significativamente los daños del crimen al bienestar de la población, se deberán implementar estrategias integrales que no solo se centren en la represión del crimen, sino también en la prevención del delito, la atención a víctimas y la promoción de la cultura de la legalidad y la participación ciudadana.

Aunado a ello se deberán promover políticas de desarrollo económico y social en las zonas más afectadas por la violencia y el crimen, con énfasis en la generación de empleo, el acceso a la educación y la mejora de los servicios públicos, con el fin de reducir las condiciones que propician la criminalidad.

Finalmente, pero fundamental, se deberá establecer un comité de seguimiento y evaluación regional, encargado de monitorear el avance de los objetivos planteados y ajustar las estrategias según sea necesario.

Desde luego, la pieza clave será promover la participación activa de la sociedad civil, el sector privado y otros actores relevantes en el diseño e implementación de estas políticas, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones emprendidas.