Guatemala vivió entre el sábado 17 y el domingo 18 de enero de 2026 una de las jornadas de violencia más graves de los últimos años, atribuida principalmente a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), lo que llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio nacional por 30 días.
La crisis comenzó el sábado con motines simultáneos en al menos tres centros penitenciarios clave: Renovación I, en Escuintla; Fraijanes II; y el Centro Preventivo de la zona 18, en la capital. Decenas de reos, en su mayoría pandilleros, tomaron como rehenes a más de 40 custodios, incendiaron colchones y se apoderaron de áreas estratégicas, mientras exigían la restitución de privilegios eliminados por el gobierno, como traslados a cárceles de menor seguridad y condiciones especiales para sus líderes.
Un día después, la violencia escaló a las calles. Grupos armados ejecutaron al menos una decena de ataques coordinados contra elementos de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del área metropolitana, dejando un saldo de ocho agentes muertos y varios heridos. Las autoridades aseguraron armas de alto calibre y vehículos, además de reportar la neutralización de cabecillas vinculados a los disturbios.
Ante los hechos, el gobierno desplegó al Ejército junto con la PNC, recuperó el control de los centros penitenciarios, rescató a los rehenes y suspendió clases y actividades públicas. Arévalo afirmó que no habrá negociación con “terroristas” y atribuyó la ofensiva criminal a la pérdida de privilegios de las pandillas tras las reformas de seguridad impulsadas desde 2025.
Aunque hasta el mediodía del lunes 19 de enero no se reportaban nuevos motines, la tensión se mantiene en todo el país, con operativos en curso y vigilancia reforzada en prisiones y zonas urbanas.
