La exalcaldesa de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, rechazó la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Puebla, que contempla 10 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y una multa de aproximadamente 7.6 millones de pesos por una falta administrativa grave vinculada con el presunto desvío de recursos.

Durante una conferencia de prensa, la exedil calificó el caso como una persecución política y aseguró que los señalamientos buscan cerrarle el paso para competir nuevamente por la presidencia municipal en 2027. Describió el procedimiento como un “ataque mediático y difamación”.

Como parte de su defensa, Daniel Hernández mostró una carta de no inhabilitación y sostuvo que la compra de dos terrenos durante su gobierno, entre 2018 y 2021, se realizó legalmente. Afirmó que los predios cuentan con escrituras ante notario público y negó las acusaciones en su contra.

La resolución del TJA está asentada en el expediente 85/2024-PRA-SERA-2, emitido por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. La sanción se hizo pública a principios de noviembre, después de que la exalcaldesa expresara su intención de participar en el proceso interno de Morena.

Pese al procedimiento administrativo, Daniel Hernández reiteró que buscará contender nuevamente por Cuautlancingo y advirtió que continuará su defensa frente a lo que considera un ataque contra ella y su familia.