Paraguay enfrenta una de sus mayores crisis políticas recientes. El presidente Santiago Peña fue destituido este viernes 6 de noviembre de 2026, luego de que el Senado lo encontrara culpable de mal desempeño de sus funciones por el escándalo financiero de Ueno Bank. Además, enfrenta una investigación penal y permanece bajo detención domiciliaria.

La caída del mandatario tiene su origen en la intervención de Ueno Bank, institución digital que concentraba entre 2.9 y 3 millones de clientes. Tras detectar graves problemas de solvencia, el Banco Central ordenó su resolución, lo que provocó el congelamiento de depósitos de millones de personas y de recursos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social.

Las sospechas alcanzaron directamente a Peña por su relación empresarial previa con el grupo controlador del banco, Ueno Holding y Grupo Vázquez, del que fue accionista hasta 2025. Entre los señalamientos figuran posibles conflictos de interés, presuntas maniobras para favorecer a la institución y el manejo irregular de recursos destinados a jubilaciones.

La presión política aumentó cuando integrantes del Partido Colorado y Horacio Cartes, antiguo mentor del presidente, se distanciaron de él. El 5 de noviembre, Peña presentó su renuncia, pero el Congreso no pudo procesarla por falta de quórum. La alternativa fue llevarlo a juicio político.

La votación del Senado concluyó con 44 sufragios a favor de su destitución y una ausencia. El resultado convirtió a Peña en el segundo presidente paraguayo democráticamente electo en ser removido mediante juicio político, después de Fernando Lugo, en 2012.

El relevo quedó en manos de Pedro Alliana, quien pasó de la Vicepresidencia a encabezar el Ejecutivo y permanecerá en el cargo hasta agosto de 2028. Ante la crisis, prometió que los ahorradores afectados por el colapso de Ueno recibirán una compensación total.

La salida de Peña también abrió la puerta a las acciones judiciales. La Fiscalía ordenó su detención, así como la del ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, por presunta lesión de confianza y otros posibles delitos relacionados con la entidad financiera. El exmandatario quedó bajo arresto domiciliario en su residencia de Asunción y deberá presentarse ante las autoridades ministeriales.

En paralelo, las protestas de ciudadanos que reclaman recuperar sus ahorros se extendieron por Asunción y otras localidades. Para atender la emergencia, se aprobó una ley que permitirá adelantar pagos parciales del Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, la recuperación de los recursos y el esclarecimiento de las presuntas irregularidades continúan pendientes.