La columna de Gabriel Biestro
Cuando tuve el honor de estar en la Sexagésima Legislatura, entre muchas, muchísimas cosas que el Congreso del estado, en ese momento tuvo como marca, y entre muchos de los trabajos y avances que tuvo, hubo dos realmente significativos para la sociedad, porque implican directamente derechos para los ciudadanos.
El primero tiene que ver con la aprobación de la nueva Ley de Educación que el gobernador Barbosa envió y el Congreso aprobó esa ley, totalmente de avanzada, hizo que los conservadores pegaran el grito en el cielo e intentaran a toda costa impedir mediante campañas de mentiras por demás ridículas (engañabobos diría yo, porque nadie con dos dedos de frente las creía), como la de que se iba a estatizar la educación.
Esa nueva ley tuvo uno de sus más grandes logros en el tema de las cuotas escolares, en la que “queda prohibido terminantemente el condicionamiento de la inscripción” de los alumnos por falta de pago de una cuota, de compra de determinados útiles escolares o uniforme.
Hoy, esa ley está para defender a los padres de familia, y le tocará a los padres de familia informarse e invocarla, y le tocará a las instituciones del Estado hacerla cumplir ante los múltiples abusos que en estos días se están dando, y que año con año se replican en estas fechas de inscripción.
El segundo es el relativo al agua potable, el derecho a su acceso y la prohibición del corte del mismo por la falta de pago.
La modificación en marzo de 2020 a la Ley del Agua para el Estado de Puebla en sus artículos 5 y 99 implica, en el primer artículo el reconocimiento, como está a nivel federal, del agua potable y saneamiento de uso doméstico como un derecho humano, y en el caso del artículo 99 la estricta prohibición del corte de agua y drenaje por falta de pago.
En este caso no se exime del pago del agua al usuario, ni desaparece la deuda que en un momento dado el usuario pudiera tener, se trata de que por motivos de dicho adeudo, no se puede cortar el agua ni hacer uso de la fuerza pública para la ejecución del cobro.
En las fechas en las que esta medida fue aprobada estuvimos haciendo una gran campaña de difusión de la misma, en las colonias y comunidades para que la gente se enterara, hoy, la gente tiene que saber de este otro derecho y no permitir los abusos en esta materia.
Derechos como estos han sido puestos a disposición de la ciudadanía para la protección de sus derechos y hoy, las instituciones trabajan en otro sentido al que tenían antes, hoy están para servir al Pueblo y para procurar justicia y un estado de derecho verdadero.
Lo que sigue es que la ciudadanía se informe, se active y defienda esos derechos, que no son una “graciosa concesión” sino el resultado de años de luchas por la democracia y la justicia, y que son el efecto de que verdaderos gobiernos de sentido social y empatía con las grandes causas, sean los que hoy gobiernan.
