Acatlán de Osorio atraviesa una crisis política que terminó con la renuncia de la presidenta municipal Guadalupe Lucero “Lupita” Bárcenas y ocho de los integrantes de su cabildo.

La alcaldesa de extracción morenista y los funcionarios presentaron sus renuncias irrevocables ante el Congreso de Puebla entre el 8 y el 10 de septiembre, mismas que fueron ratificadas el miércoles 10.

El síndico David Fernando Chico Rascón figura entre quienes dejaron el Ayuntamiento. El único integrante que permanece en funciones es el regidor Jesús Reyes Ramírez.

La confrontación comenzó en junio, cuando habitantes y miembros del propio cabildo ocuparon el Ayuntamiento para exigir respuestas ante señalamientos de obras presuntamente no realizadas, falta de transparencia, supuesto enriquecimiento, excesos e inseguridad.

El Congreso de Puebla inició entonces procedimientos relacionados con una posible revocación de mandato y una auditoría al gobierno municipal.

Bárcenas ha rechazado los señalamientos y acusó al grupo Los Rojos de estar detrás de la movilización de los regidores y de su salida. La presidenta municipal incluso responsabilizó al líder de esa organización por cualquier afectación contra ella o sus familiares.

Los integrantes del cabildo que renunciaron rechazaron que su decisión haya sido producto de amenazas y señalaron que respondía a un “acuerdo político por el bien de Acatlán”.

Con el cabildo prácticamente desintegrado, el Congreso deberá avanzar en su disolución y en la designación de un concejo municipal, que asumiría las funciones hasta las elecciones de 2027.

Morena Puebla respaldó el Operativo Enjambre y la detención del alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez, al señalar que en Puebla no hay impunidad y que el combate al crimen debe realizarse sin importar colores partidistas.

Durante la rueda de prensa, Alfonso Bermúdez Ruiz y Agustín Guerrero reconocieron que Rodríguez es militante de Morena y que fue postulado para el periodo 2024-2027. Bermúdez atribuyó su candidatura a la Comisión Nacional de Elecciones, al señalar que la encuesta interna lo colocó como el mejor perfil.

La dirigencia estatal evitó defender al edil y sostuvo que deberá enfrentar el proceso penal correspondiente.

Ante el caso, Morena anunció que reforzará los filtros para sus candidatos rumbo a 2027, con revisiones de antecedentes y fama pública para evitar que lleguen a cargos perfiles vinculados con actividades delincuenciales.

Fox acudió el viernes 4 de septiembre a la sede nacional del PRI para reunirse con su dirigente. El expresidente también ha tenido acercamientos con dirigencias del PAN y de Somos, en medio de los movimientos de cara a las próximas elecciones.

Durante su conferencia de este lunes, Sheinbaum señaló que PRI y PAN comenzaron a coincidir políticamente desde el periodo neoliberal, particularmente durante el gobierno de Carlos Salinas, al compartir intereses económicos y grupos de poder.

La mandataria recordó que ambos partidos compitieron juntos en las elecciones de 2021 y 2024, aunque después de la derrota presidencial de 2024 el PAN planteó la posibilidad de competir por separado en 2027.

Desde la perspectiva de Sheinbaum, el regreso de Fox a las oficinas priistas demuestra que el bloque opositor “no tiene recambio” y pretende recuperar una política basada en corrupción y privilegios.

También lanzó críticas contra el expresidente, a quien llamó “traidor a la democracia” por su papel en el desafuero de López Obrador y por el conflicto electoral de 2006.

La presidenta sostuvo que PRI y PAN mantienen bajos niveles de respaldo ciudadano, de alrededor de 6 a 8 por ciento en encuestas, y consideró que una propuesta política vinculada con el pasado no les permitirá avanzar.

Morena reforzó esa lectura al definir el acercamiento entre Fox y Moreno como una “reorganización de la mafia del poder”.

La crisis política en Acatlán de Osorio entrará en una etapa decisiva el próximo 10 de septiembre, cuando el Congreso de Puebla cite a audiencia a la presidenta municipal, regidores y al síndico como parte del procedimiento para determinar si procede la revocación de mandato.

La Comisión de Gobernación, encabezada por Julio Huerta Gómez, aprobó por unanimidad el pasado 3 de septiembre llamar a Guadalupe Lucero Bárcenas y al resto de los integrantes del Ayuntamiento para que presenten argumentos y pruebas dentro del expediente abierto por el Congreso.

Además de la alcaldesa de Morena, deberán comparecer regidoras, regidores y el síndico David Fernando Chico Rascón.

El proceso comenzó el 8 de junio, cuando ocho integrantes del cabildo solicitaron formalmente al Congreso la revocación de Bárcenas. La petición fue recibida por el Poder Legislativo el 19 de junio.

Uno de los señalamientos que detonó el conflicto fue planteado por la regidora Juliana Jiménez, quien acusó presuntas irregularidades y opacidad, además de cuestionar que la presidenta municipal percibiera alrededor de 60 mil pesos más, una diferencia que calificó como cercana al 400 por ciento.

A finales de junio intervino la Auditoría Superior y Bárcenas se separó temporalmente del cargo el 29 de junio. En paralelo, habitantes realizaron movilizaciones para exigir su salida, mientras la alcaldesa aseguró que detrás de la confrontación existe presión del crimen organizado.

La disputa también afectó el funcionamiento del Ayuntamiento. En julio no pudo celebrarse una sesión ordinaria debido al enfrentamiento entre integrantes del cabildo sobre quién estaba facultado para convocarla.

La tensión aumentó el 7 de agosto, cuando durante una movilización se registraron detonaciones de arma de fuego que fueron atribuidas de manera preliminar a personal de confianza de la presidenta municipal.

Ante la situación de inseguridad, elementos de la Marina y corporaciones de otras entidades asumieron en los hechos buena parte de las tareas de seguridad en el municipio.

El procedimiento podría tener un alcance mayor al de una eventual salida de la alcaldesa. Una de las posibilidades que se mantiene sobre la mesa es la disolución del cabildo y la instalación de un concejo municipal, si así lo determina el Congreso.

El expediente CGPC/HCE/01/2026 deberá avanzar en los próximos días, pues la Comisión de Gobernación busca resolver el procedimiento antes del 12 o 13 de septiembre.

Sin embargo, la audiencia del 10 de septiembre será apenas una etapa del proceso. Los funcionarios señalados tendrán derecho a defenderse y aportar pruebas, por lo que cualquier determinación sobre la permanencia de la alcaldesa o la integración del Ayuntamiento tendrá que esperar a que concluya el procedimiento. 

El diputado federal morenista Zenyazen Escobar García fue encontrado muerto este viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, en las inmediaciones de Chichicaxtle-La Gloria.

El legislador, de 42 años, fue localizado cerca de la autopista Cardel-Xalapa y, de acuerdo con los primeros reportes, presentaba al menos una herida producida por arma de fuego.

Tras el hallazgo se desplegó un operativo de seguridad y comenzaron las diligencias para determinar cómo ocurrió la muerte y establecer responsabilidades.

Por ahora, la Fiscalía de Veracruz no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, por lo que no se ha establecido públicamente el móvil, las circunstancias del ataque ni si existen personas detenidas.

Zenyazen Escobar fue secretario de Educación de Veracruz entre 2018 y 2021, durante la administración de Cuitláhuac García. Antes de incorporarse a la política federal fue profesor y dirigente sindical del magisterio. En 2024 asumió como diputado federal.

El morenista también había estado en el centro de algunas polémicas durante este año, entre ellas un altercado en el Congreso y cuestionamientos relacionados con un yate incendiado, del cual negó ser propietario.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y se espera el parte de la autoridad ministerial, así como las posturas oficiales de Morena, la Cámara de Diputados y el Gobierno de Veracruz.

La Suprema Corte llega este 1 de septiembre a su primer aniversario bajo el nuevo modelo derivado de la reforma judicial y de la elección de ministros realizada en 2025, en la que participó alrededor del 13 por ciento del electorado.

Con Hugo Aguilar Ortiz como presidente, los nueve ministros comenzaron esta etapa sin salas: todos los asuntos fueron concentrados en el Pleno. El nuevo diseño, según Aguilar, permitió atacar el rezago acumulado durante años.

El presidente de la Corte reporta 163 sesiones y más de 2 mil 600 asuntos resueltos en el primer año. También asegura que el rezago heredado cayó de entre mil 400 y mil 471 expedientes a sólo 56, mientras que las cargas de trabajo de las ponencias disminuyeron de aproximadamente 147 a 54 asuntos.

Entre las resoluciones más relevantes estuvieron los créditos fiscales de empresas de Salinas Pliego, por unos 48 mil 326 millones de pesos, así como asuntos sobre lavado de dinero, factureras, violencia vicaria, agua y abuso sexual infantil. La prisión preventiva oficiosa continúa como uno de los temas pendientes.

La Corte también modificó su narrativa institucional, con mayor énfasis en los derechos indígenas y afromexicanos. Aguilar ha defendido una institución menos cerrada y alejada de la imagen del ministro que decide de manera individual y sin exposición pública.

Pero el balance no es unánime. Datos difundidos por críticos del nuevo modelo apuntan que el Pleno votó cerca de 2 mil 59 proyectos durante este primer año, frente a los 3 mil 174 del periodo anterior, lo que representa una caída aproximada de 35 por ciento.

Además, la disputa por la presidencia permanece abierta. Una interpretación del artículo 94 constitucional apunta a una rotación de dos años, que llevaría a Lenia Batres a la presidencia en 2027; otra lectura, basada en el artículo 97, plantea un periodo de cuatro años para Aguilar. También aparece Yasmín Esquivel como una tercera posibilidad.

Las diferencias entre ministros, las renuncias dentro del Poder Judicial y la discusión sobre la desaparición o permanencia de estructuras como las salas mantienen abierta la controversia. Un año después, la nueva Corte puede presumir una fuerte reducción del rezago, pero enfrenta el reto de demostrar que esa depuración no se traduzca en menor capacidad para resolver los asuntos que llegan a su Pleno.

Después de 124 días sin acudir físicamente al Senado, Enrique Inzunza regresó este lunes 31 de agosto al recinto legislativo. Su última presencia había sido el 29 de abril, el mismo día en que autoridades de Estados Unidos lo señalaron junto con Rubén Rocha Moya y otros ocho ciudadanos de Sinaloa.

Los señalamientos difundidos en el caso incluyen presunta asociación delictuosa, posesión de ametralladoras y tráfico de narcóticos. Inzunza no ha sido sentenciado en México y sostiene que la investigación de la Fiscalía General de la República debe cerrarse.

El senador sinaloense, exmagistrado y exsecretario general de Gobierno, anunció el 26 de agosto su separación de la bancada de Morena, aunque aclaró que no renunció al escaño ni a su militancia. Se declaró independiente para evitar que el caso afecte políticamente al partido.

Durante su regreso, afirmó que tiene la “conciencia tranquila” y acusó una “embestida de la derecha”. Rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que no existe una sola prueba que lo vincule con los señalamientos después de cuatro meses.

Inzunza conserva el fuero constitucional, no pidió licencia y mantiene su oficina en el cuarto piso de Morena. Además, adelantó que ejercerá su voto durante el nuevo periodo legislativo, que comienza este martes 1 de septiembre.

La decisión tiene un efecto político para Morena: su salida de la bancada representa un voto menos para alcanzar la mayoría calificada. Mientras la oposición reclamaba que dejara temporalmente el cargo, el senador decidió permanecer en el Senado y enfrentar desde ahí los señalamientos estadounidenses.

El senador de Morena sustituye a Laura Itzel Castillo Juárez, quien ahora forma parte del gabinete federal. Con este relevo, Martínez tendrá bajo su responsabilidad la conducción de las sesiones del Senado hasta el 31 de agosto de 2027.

Al asumir el cargo, el político mexiquense ofreció una conducción basada en la imparcialidad y el respeto a las diferentes posiciones políticas. También se comprometió a garantizar la libertad de expresión de los 128 senadores.

Martínez Miranda cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria política y ha transitado por organizaciones y partidos de izquierda antes de integrarse a Morena. Entre sus cargos destacan la presidencia municipal de Texcoco y diversas responsabilidades legislativas.

El nuevo presidente del Senado enfrentará un periodo particularmente relevante por la agenda legislativa y el ambiente político previo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán distintos cargos de elección popular.

El representante del Partido Verde Ecologista de México asumió formalmente el cargo que desempeñará hasta el 31 de agosto de 2027, como parte del acuerdo de rotación entre las principales fuerzas políticas de San Lázaro.

En su discurso inaugural, el legislador por Oaxaca llamó a privilegiar el diálogo y aseguró que la Mesa Directiva tendrá disposición para atender a todas las bancadas. Frente a diputados de Morena y de la oposición, destacó la necesidad de dejar atrás la confrontación entre grupos.

Bolaños-Cacho Cué tiene 38 años y cuenta con experiencia en el Congreso de la Unión, pues ocupó un escaño en el Senado durante la Legislatura anterior. Desde septiembre de 2024 se desempeña como diputado federal.

El relevo ocurre en un momento clave para la vida política nacional, pues durante este último año legislativo se desarrollarán discusiones que coincidirán con la preparación del proceso electoral de 2027.

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a legisladores de Morena privilegiar la unidad y el interés público sobre las aspiraciones personales, en un mensaje dirigido a la bancada previo al inicio del último periodo ordinario de la LXVI Legislatura y a poco más de un año de las elecciones de 2027.

Durante la plenaria morenista celebrada este domingo 30 de agosto en San Lázaro, Rodríguez dejó claro que las futuras candidaturas deberán mantenerse subordinadas al interés nacional y rechazó que el movimiento pueda convertirse en una plataforma para obtener beneficios particulares o proteger intereses fuera de la ley.

Ante diputados y senadores, la funcionaria reconoció que habrá aspiraciones y competencia democrática por los cargos que estarán en juego en 2027, incluidos 17 gobiernos estatales. No obstante, insistió en que ningún proyecto personal o candidatura debe colocarse por encima de la estabilidad del país, la soberanía nacional y el bienestar de la población.

Rodríguez también defendió una concepción de unidad que permita las diferencias. Explicó que permanecer unidos no significa guardar silencio ni asumir un pensamiento único, sino discutir las posiciones existentes y, una vez tomadas las decisiones, avanzar juntos como movimiento.

La titular de Gobernación aprovechó además para llamar a mantener vivo el legado político de Andrés Manuel López Obrador, al que identificó como “líder moral”, y expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum para continuar con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. En respuesta, los diputados presentes corearon “¡Presidenta, Presidenta!”.

El llamado se produce después de semanas de presión política dentro de Morena, particularmente por la situación de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada. Ambos han sido señalados por autoridades estadounidenses por presuntos nexos criminales, mientras que la separación de Inzunza dejó al oficialismo con un margen más reducido para conseguir mayorías calificadas en el Senado.

En cuanto a la agenda legislativa, Rodríguez informó que el nuevo periodo no comenzará con una iniciativa preferente, aunque el Congreso tendrá por delante un paquete de reformas en asuntos como nacionalidad de quienes aspiren a cargos ejecutivos, feminicidio, protección ambiental, movilidad, inversión extranjera y medidas anticorrupción.

El mensaje de la secretaria de Gobernación ocurre en un momento en que Morena comienza a perfilar la competencia electoral de 2027, por lo que el llamado central fue mantener la disciplina interna y evitar que las aspiraciones por las gubernaturas provoquen divisiones o comprometan la imagen del movimiento.