Un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 50 años de prisión a cuatro hombres por un secuestro agravado ocurrido hace casi una década en San Juan Teotihuacán, Estado de México.
Los condenados son Jesús Cortés Flores, Jonás Baltazar García, Jorge Javier Arenas Mendoza y Octaviano Néstor Nochebuena. La resolución también contempla una multa individual de 292 mil 160 pesos.
La Fiscalía General de la República señaló que el delito ocurrió en diciembre de 2016, cuando los ahora sentenciados privaron de la libertad a una persona y posteriormente exigieron dinero a sus familiares a cambio de su liberación.
El expediente se inició ese mismo año, bajo las investigaciones de la entonces Policía Federal. Tras cerca de diez años de proceso, el caso finalmente llegó a una sentencia condenatoria.
Los cuatro responsables ya se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, donde deberán cumplir la pena impuesta por el tribunal.
La autoridad federal no detalló públicamente la cantidad que los secuestradores solicitaron como rescate ni explicó cuál fue el desenlace de la víctima, por lo que esos aspectos permanecen fuera de la información difundida sobre la sentencia.
Con la condena, cada uno de los cuatro acusados deberá pasar cinco décadas en prisión, además de cubrir la sanción económica establecida por el tribunal.
El fallo corresponde a un caso iniciado en 2016 y no a un operativo reciente en Teotihuacán. Se trata de la resolución de un expediente de secuestro que permaneció casi diez años en el sistema de justicia.
Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “R1” o “Moncho”, no logró frenar mediante un amparo una eventual extradición a Estados Unidos. Un juez federal de Toluca desechó este martes el recurso al considerar que reclamaba actos que todavía no ocurren.
El juez cuarto de Distrito Penal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, estableció que no puede concederse protección contra una posible extradición, expulsión o destierro cuando no existe todavía una orden formal. Por ello, el procedimiento promovido contra la Secretaría de Relaciones Exteriores fue desechado de plano.
Álvarez Ayala tiene 44 años y fue detenido el 30 de julio en Atotonilco, Jalisco. De acuerdo con las autoridades, es presunto jefe de “Los Rs”, célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación que tendría operaciones en municipios de Michoacán y Jalisco, entre ellos Apatzingán, Uruapan y Morelia.
El nombre de “R1” también aparece en investigaciones por hechos de alto impacto. Es señalado como presunto autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Según Harfuch, la carpeta por ese crimen ya suma 31 personas detenidas. Asimismo, se le ha vinculado con el asesinato de la influencer Valeria Márquez.
Actualmente se encuentra recluido en el Altiplano. El presunto delincuente ya había estado en prisión durante cerca de una década y recuperó su libertad aproximadamente en 2023, hecho que fue mencionado por López Obrador en sus críticas al desempeño de algunos jueces.
La situación jurídica de Álvarez Ayala también es observada en Estados Unidos. El 27 de agosto, un gran jurado del Distrito de Columbia lo acusó junto con su hermano Rafael “R2”, quien permanece prófugo, de presuntamente conspirar para introducir cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense y participar en delitos relacionados con armas de fuego.
Entre los cargos estadounidenses aparece uno relacionado con una ametralladora. Sin embargo, el amparo presentado en México no logró detener la posibilidad de un futuro proceso de extradición, porque al momento de la resolución no había una orden de entrega.
Así, “R1” seguirá recluido en México mientras las autoridades determinan los siguientes pasos en los distintos procesos que enfrenta tanto en territorio nacional como en Estados Unidos.
Una familia denunció haber sido víctima de un presunto intento de extorsión tras un choque registrado este martes sobre la Vía Atlixcáyotl, donde el conductor de un BMW habría golpeado su vehículo y posteriormente exigido el pago de los daños.
El incidente fue captado en video y difundido a través de redes sociales y medios locales. Según los testimonios, la familia se dirigía hacia la zona de Sonata cuando el automóvil fue impactado por la parte trasera.
Tras el choque, el conductor del BMW habría intentado responsabilizar a los ocupantes del otro vehículo y exigirles dinero. Al no conseguirlo, la situación se tornó violenta y, de acuerdo con el reporte difundido por Cinco Radio, uno de los cristales del automóvil fue roto frente a una menor.
El presunto responsable finalmente abandonó el lugar y se incorporó al tránsito de la vialidad, por lo que hasta ahora no se conoce su identidad ni las placas del vehículo involucrado.
#VIDEOREPORTE 🆕️🎦Un conductor de un #BMW blanco fue señalado por agredir a una familia tras un percance vial sobre la Vía #Atlixcáyotl, en Puebla.
De acuerdo con el reporte, el hombre descendió de su vehículo, golpeó y rompió el cristal del automóvil de los afectados, donde… pic.twitter.com/j2FI599Opt
El hecho presenta características del esquema conocido como “montachoques”, en el que los responsables buscan provocar o aprovechar accidentes viales para intimidar a los conductores y obtener dinero mediante presión o amenazas.
La Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico han sido señalados anteriormente por reportes ciudadanos relacionados con este tipo de incidentes. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de un parte oficial que confirme la responsabilidad del conductor señalado en el video.
El caso podría ser investigado por posibles daños y amenazas, además de una eventual extorsión si las autoridades acreditan que existió una exigencia de dinero mediante intimidación. Los afectados buscan que las imágenes permitan identificar al vehículo.
El episodio vuelve a generar preocupación entre automovilistas que utilizan diariamente la Vía Atlixcáyotl y que han pedido mayor vigilancia ante los reportes de agresiones y presuntos montachoques en esta zona.
Una mujer de aproximadamente 23 a 30 años fue asesinada a balazos la mañana de este martes en la zona de Hacienda Las Fuentes, al sur de la ciudad de Puebla, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones.
El cuerpo fue localizado en el cruce de la 145 Poniente y calle Del Trabajo, en un punto ubicado también en inmediaciones de Villa Albertina. La víctima llevaba pants azul y una sudadera morada, pero hasta el momento no había sido identificada oficialmente.
En el sitio, peritos localizaron al menos cuatro casquillos que serían calibre 9 milímetros. La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Ejército, mientras se realizaban las diligencias para establecer la mecánica del crimen.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido. La Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.
Aunque el caso se mantiene como homicidio doloso, las autoridades investigan si el ataque podría estar relacionado con un feminicidio. Tampoco se ha establecido públicamente cuál habría sido el móvil de la agresión.
El lugar cuenta además con un antecedente violento reciente. El pasado 21 de julio, un hombre fue privado de la vida en esa misma zona, lo que vuelve a colocar el punto bajo atención de las autoridades.
La investigación continuará para determinar la identidad de la víctima, establecer quién o quiénes participaron en el ataque y conocer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.
Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El Güicho” y “R5”, señalado como uno de los principales líderes del Cártel de Los Reyes, murió durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en el municipio de Tocumbo, Michoacán.
El operativo fue desplegado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía de Michoacán. De acuerdo con Omar García Harfuch, durante las acciones los agentes fueron atacados con armas de fuego y respondieron a la agresión.
El intercambio de disparos terminó con dos presuntos integrantes de la organización criminal muertos. Uno de ellos fue identificado como Barragán Chávez; la identidad del segundo fallecido no había sido dada a conocer.
“El Güicho” era señalado como líder del Cártel de Los Reyes, una organización vinculada a Cárteles Unidos, y presuntamente tenía bajo su responsabilidad actividades de extorsión contra productores de aguacate en la región de Los Reyes.
Su perfil también lo convirtió en un objetivo de las autoridades estadounidenses. Existía una orden de detención provisional con fines de extradición y el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su captura, debido a acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas.
Las autoridades lo señalaban además como presunto sicario y operador dedicado a la adquisición de armas en Estados Unidos, así como al reclutamiento de integrantes locales y mercenarios provenientes de Colombia.
Entre los recursos atribuidos a su estructura estaban armas de alto poder, rifles calibre .50, drones y explosivos, además de una participación en los enfrentamientos que distintas organizaciones criminales mantienen en Michoacán, particularmente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La muerte de “El Güicho” ocurrió durante el intercambio de disparos y no como resultado de una detención. El operativo forma parte de las acciones de las autoridades federales y estatales contra las estructuras criminales que operan en la región.
Hasta el momento, las autoridades no han informado de otras detenciones relacionadas con el enfrentamiento ni han identificado públicamente al segundo hombre que murió durante el operativo.
