La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió este jueves un nuevo frente jurídico relacionado con la llamada Estafa Maestra al atraer un expediente que definirá si la Auditoría Superior de la Federación puede utilizar el juicio de amparo para impugnar resoluciones penales vinculadas con presuntos desvíos de recursos públicos.

La decisión fue tomada por unanimidad mediante la Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción 980/2026. El máximo tribunal estudiará la contradicción de criterios 61/2026, surgida a partir de resoluciones distintas de tribunales federales sobre la legitimación de la ASF.

El punto central será establecer si la Auditoría puede intervenir mediante amparos cuando una resolución judicial desecha o cierra un proceso relacionado con investigaciones derivadas de sus labores de fiscalización, incluso si no existe una afectación patrimonial directa para el órgano.

La discusión alcanza expedientes relacionados con el esquema de triangulación de recursos públicos conocido como Estafa Maestra, investigado por operaciones realizadas mediante dependencias federales, universidades y empresas. La FGR ha señalado un desfalco superior a 5 mil millones de pesos.

Entre los casos relacionados está el de Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, cuyo expediente derivó de investigaciones sobre convenios con universidades.

La SCJN todavía no emite una resolución sobre el fondo. La atracción únicamente lleva el asunto al máximo tribunal para que determine el criterio jurídico que deberá aplicarse en casos similares.

Por ello, la decisión de este jueves no reabre de manera general la Estafa Maestra ni implica un cambio en el caso de Rosario Robles. El debate actual se concentra en las facultades procesales de la ASF para recurrir decisiones judiciales mediante el amparo.