El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación sobre una eventual cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos, luego de que el tema comenzara a circular en redes sociales.

La versión apareció entre el 13 y 14 de septiembre y fue relacionada con otras informaciones sobre presuntas cancelaciones de visados a figuras de Morena, entre ellas Andrés Manuel López Beltrán.

Uno de los personajes que hizo eco del rumor fue Simón Levy, sin acompañar el señalamiento con algún documento emitido por autoridades estadounidenses que acreditara la medida contra el gobernador poblano.

La especulación ocurrió además mientras gobernadores emanados de Morena difundían un posicionamiento contra las denominadas “injerencias” extranjeras, contexto en el que el nombre de Armenta fue incorporado a las versiones que circularon en plataformas digitales.

El Gobierno de Puebla salió al paso de la información y sostuvo que el mandatario estatal no ha sido notificado de la cancelación de su visa.

En su posicionamiento, la administración estatal subrayó que cualquier decisión sobre la emisión o cancelación de visas corresponde exclusivamente al gobierno de Estados Unidos.

Armenta también fijó postura mediante sus redes sociales. “Hasta el momento no he recibido ninguna notificación… mi atención está en Puebla”, escribió el gobernador.

El gobierno poblano señaló que las versiones sobre el documento migratorio no modifican las acciones que mantiene con los paisanos que viven en Estados Unidos, particularmente mediante las casas de representación y los mecanismos de atención y defensa de los derechos de los migrantes.

Hasta ahora, ni el Departamento de Estado ni un consulado estadounidense han emitido una comunicación pública que confirme la cancelación de la visa de Armenta.

En consecuencia, la información disponible hasta este momento corresponde a un rumor surgido en redes sociales y al desmentido oficial del gobierno estatal. La falta de una notificación pública no equivale, por sí misma, a una garantía de vigencia indefinida del documento, ya que las autoridades estadounidenses pueden adoptar decisiones migratorias sin hacerlas públicas.