A menos de un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, nuevos hallazgos forenses en Iguala colocaron nuevamente el caso bajo los reflectores.

La información difundida este lunes señala que más de 20 bolsas con restos endurecidos por exposición a altas temperaturas permanecen bajo análisis de la Fiscalía General de la República. Los indicios fueron localizados en zonas como el basurero de Cocula, el río San Joaquín y la funeraria El Ángel.

Por el momento, las autoridades no han confirmado mediante estudios genéticos que alguno de los fragmentos corresponda a los normalistas. Por ello, los hallazgos deben considerarse una pista de investigación y no una prueba de que los estudiantes fueron encontrados.

El caso de El Ángel resulta relevante porque el inmueble permanece asegurado desde octubre de 2025. En el lugar funcionaba el Servicio Médico Forense de Iguala y existían tres hornos, uno de ellos señalado como clandestino y sin registro oficial.

En las inspecciones realizadas con familiares durante este año también se encontraron cuerpos sin identificar, ropa y otros indicios. Una bolsa con la etiqueta “2014” permaneció sellada durante meses antes de ser considerada dentro de las nuevas diligencias, situación que ha provocado cuestionamientos de los padres sobre el manejo de la evidencia.

La posibilidad de que funerarias de Iguala hayan sido utilizadas para la desaparición de cuerpos ha sido mencionada desde hace años por testigos protegidos. Esta línea compite con la versión oficial presentada en 2014 por el gobierno de Peña Nieto, conocida como “verdad histórica”, la cual fue cuestionada posteriormente por expertos y familiares.

Los padres y madres de los normalistas han exigido que las investigaciones sean transparentes y que se garantice la cadena de custodia. Entre sus demandas se encuentra la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, el regreso del GIEI y la apertura de archivos relacionados con el Ejército.

El gobierno de Sheinbaum anunció la semana pasada nuevas acciones para avanzar en el caso. Después de reunirse con las familias el 27 de agosto, la administración federal planteó profundizar en nuevas detenciones, llamadas telefónicas, actores involucrados en los hechos de Iguala y procesos de extradición.

La presidenta también solicitó que antes del 26 de septiembre se presente un informe público sobre los avances, justo cuando se aproxima el duodécimo aniversario de la desaparición. Mientras tanto, los restos hallados permanecen bajo análisis y su posible vínculo con los 43 todavía está por determinarse.

Por ahora, el llamado “giro” no significa que el caso haya sido resuelto. La importancia de los nuevos indicios dependerá de los resultados científicos y de que las autoridades puedan demostrar cuándo, dónde y a quién pertenecen los restos encontrados.