La propuesta denominada “Ley Salvatori” volvió a la discusión pública en Puebla luego de que integrantes de la asociación Poblanos Unidos para la Profesionalización del Servicio Público solicitaran al Congreso estatal darle continuidad a la iniciativa ciudadana.

El proyecto busca modificar la Constitución local para establecer requisitos adicionales de preparación académica a las personas que pretendan contender por una diputación.

En específico, se plantea reformar el artículo 36 para que, además de las condiciones actualmente contempladas —como tener 18 años, ser vecino del estado y saber leer y escribir—, los aspirantes deban acreditar formación universitaria en Derecho y contar con título y cédula profesional de abogado.

Una propuesta que divide opiniones

Los impulsores consideran que la medida permitiría establecer un filtro para garantizar que quienes lleguen al Congreso tengan conocimientos profesionales suficientes para ejercer sus responsabilidades legislativas.

La iniciativa es promovida por Causa Común por Puebla y Poblanos Unidos para la Profesionalización del Servicio Público y fue presentada formalmente el pasado 23 de junio.

Su reactivación ocurre después de la controversia generada por declaraciones de las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares sobre adultos mayores, situación que sus promotores han utilizado como referencia para insistir en la necesidad de elevar los requisitos para ocupar una curul.

Este 10 de agosto, las organizaciones solicitaron que el Congreso “saque de la congeladora” el proyecto y lo someta al procedimiento legislativo correspondiente.

La iniciativa, sin embargo, enfrenta oposición. Desde Morena, Alfonso Bermúdez ha cuestionado su viabilidad y ha advertido que podría contravenir derechos.

Hasta ahora, no existe una reforma aprobada. La “Ley Salvatori” continúa siendo una iniciativa ciudadana que deberá ser analizada y, eventualmente, discutida y votada por el Congreso de Puebla.