El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer una persecución política, fiscal, judicial y administrativa sistemática en su contra.

La acción legal se realizó durante una reunión en Washington D.C. con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a quien el empresario entregó un expediente con presuntas pruebas que, según su versión, documentan una estrategia de hostigamiento iniciada desde 2023, con antecedentes en litigios fiscales que datan de 2007.

Salinas Pliego sostuvo que los gobiernos federales encabezados primero por Andrés Manuel López Obrador y actualmente por Claudia Sheinbaum Pardo han utilizado auditorías reiteradas, procesos judiciales, sanciones administrativas y señalamientos públicos, incluidos comentarios en conferencias matutinas, para criminalizar su postura crítica y restringir su libertad de expresión, participación en el debate público y derecho de propiedad, como represalia por sus posiciones opositoras.

En su queja, el empresario solicita que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano, emita medidas de no repetición y exhorte a garantizar la independencia judicial y la protección de la libertad de expresiónen el país.

La denuncia se presenta luego de que Salinas Pliego agotara las instancias legales nacionales. En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en su contra diversos litigios fiscales, dejando firme una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por aproximadamente 51 mil millones de pesos, correspondiente a adeudos acumulados.

Desde la postura oficial, el gobierno federal ha reiterado que el caso de Grupo Salinas es estrictamente un asunto tributario y de cumplimiento de la ley, y ha rechazado que exista motivación política detrás de las acciones fiscales y judiciales emprendidas contra el empresario.

La denuncia ante la CIDH abre un nuevo frente internacional en el prolongado conflicto entre Salinas Pliego y el Estado mexicano, que ahora será analizado bajo los estándares interamericanos de derechos humanos y libertad de expresión.