El Senado de la República respondió a la solicitud de audiencia presentada por Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, y Alexander Navarro para entregar firmas ciudadanas que exigen que el senador morenista Enrique Inzunza Cázares deje el cargo mientras enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el oficio no concede la reunión solicitada y sostiene que pedir licencia es una decisión del propio legislador.

Pérez Morales hizo pública la respuesta la noche del jueves. El documento, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos por instrucciones de Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, está dirigido a ella y a Navarro, promotores de la campaña en Change.org titulada “Acusado de narcotráfico, Inzunza debe dejar el Senado”.

El escrito reconoce que solicitaron una audiencia con Martínez para entregar las firmas recabadas y cita disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento del Senado. A partir de ese marco normativo, señala que la solicitud de licencia corresponde al propio senador y que su permanencia en el cargo se rige por las normas aplicables.

La cifra de respaldos ciudadanos varía según los reportes: Azucena Uresti informó de 26 mil 183 firmas, mientras que Ríodoce publicó un total de 26 mil 162.

Tras conocer la respuesta, Pérez Morales aclaró que la petición no buscaba una explicación sobre quién tiene la facultad de separarse del cargo, sino una audiencia para plantear que Inzunza enfrente las investigaciones sin la protección del fuero legislativo.

“La omisión y el silencio frente a acusaciones tan graves también son una forma de complicidad política”, expresó.

El antecedente se remonta al 29 de septiembre, cuando el grupo, acompañado por la senadora priista Paloma Sánchez, acudió al Senado para entregar más de 20 mil firmas. En esa ocasión se registró un forcejeo para acceder al recinto, situación que posteriormente se resolvió.

Los señalamientos contra Inzunza provienen del gobierno de Estados Unidos y apuntan a presuntos vínculos con el crimen organizado. El senador ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que es inocente.

En la respuesta difundida no se informa de la apertura de una investigación por parte del Senado ni de una convocatoria al legislador para comparecer sobre los señalamientos.